En esta entrada queremos llamar la atención sobre la injusticia de la reforma del código penal del juez Gallardón, que pretende hacer legales algunos sistemas sumamente injustos que vulneran los derechos humanos y que coartan las libertades civiles. Y es que a partir de ahora la definición del delito de atentado variará para incluir en
él todos los supuestos de acometimiento, agresión, empleo de violencia o
amenazas graves de violencia sobre el agente de las fuerzas de
seguridad o miembros de servicios de asistencia y rescate. La acción de resistencia pasiva, junto a la desobediencia, se mantiene penada con entre seis meses y un año de cárcel. La falta de
desobediencia desaparece, pero se sancionará como infracción administrativa en la Ley de Seguridad Ciudadana. Otra novedad afecta a la alteración del
orden público: Se castigará la
difusión de mensajes
que inciten a la comisión de algún delito de alteración del orden
público o actos de violencia, pero no la simple convocatoria a
movilizaciones. La pena se agrava cuando se porten armas, se exhiban
simuladas o se realicen actos de violencia con peligro para la vida o
integridad de las personas, así como los actos de pillaje.
Usando este tipo de "justicia", cualquier acto de rebelión y desobediencia se verá penado con la cárcel, exaltando valores de obediencia y sumisión entre la ciudadanía, que tendrá que permanecer útil y sumisa al poder vigente, sea este justo o injusto. A no ser, claro está, que quiera pasar una temporada en la cárcel, o tal vez, si da mucho la lata, bajo en inhumano régimen FIES.
